Dado el diagnóstico y/o evolución de una patología neurodegenerativa, la persona puede encontrar dificultades para el desempeño de sus actividades habituales, viendo mermadas sus posibilidades de participación en la vida social (tal y como esta, está configurada).
Ante una realidad tal, se espera que el Estado de Bienestar (como modelo de Estado) provea de respuestas que sean capaces de restablecer/compensar las dificultades que han aparecido; facilitando de tal modo nuestra participación social.
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Podríamos considerar en este sentido, que nuestro modelo social va orientado a la inversión del gasto social en las pensiones, asegurando de tal modo que a una persona, que no pueda seguir desarrollando su actividad laboral, le sea reconocida una Incapacidad Permanente que proporcione un ingreso económico con el que afrontar su día a día.
Igualmente, se realiza inversión (en menor medida) a prestaciones sociales, con el mismo objetivo anterior, pero destinadas a personas que no han logrado adquirir el derecho a una pensión contributiva.
De modo transversal, existe el desarrollo normativo de políticas destinadas a favorecer la «integración» laboral de personas con discapacidad, determinando medidas que favorezcan la contratación de personas que dispongan de dicho reconocimiento. En torno a ello, se han desarrollado Servicios de Integración Laboral, que propician la ejecución de dichas políticas funcionando como interlocutor entre empresas y demandantes de empleo.
También se debe mencionar el desarrollo del concepto «adaptación del puesto de trabajo» a fin de favorecer el desempeño de la actividad laboral de personas con diversidad funcional.
No obstante, vemos como el mantenimiento de determinadas lineas de acción, a efectos prácticos, no redundan en una inserción real y efectiva de las personas con discapacidad al mercado laboral.
El planteamiento de este modelo nos aboca a pretender de cubrir la necesidad de ingresos económicos en caso de haber adquirido dicho derecho habiendo trabajado previamente (Pensión Contributiva), pero que no favorece el mantenimiento de nuestra participación en el ámbito laboral. Al otro extremo, en el caso de no haber adquirido dicho derecho, se podría optar a prestaciones económicas (Pensión No Contributiva, por ejemplo), que no cubriría de modo suficiente la necesidad de ingresos económicos, ni tampoco favorece la participación social de la persona.
Es evidente que el punto de mira debieran ser políticas transversales que favorezcan la sensibilización social (a través de formación, información, asesoramiento…) y con ello propiciar una co-responsabilidad en el manejo de la discapacidad. De tal modo, por ejemplo, una empresa tendría posibilidad de adaptar un puesto de trabajo, más allá del entorno inmediato, favoreciendo que cualquier persona pueda desempeñar sus funciones en las condiciones más adecuadas y obteniendo resultados óptimos.
Poco a poco, dicha perspectiva se va haciendo hueco en el «imaginario colectivo», pero aún queda mucho recorrido para que sean una realidad fehaciente.
Por si os resulta de interés, a continuación os facilito dos enlaces de consulta:
Miguel Delgado.
Trabjador Social.
